La demanda que había puesto este asunto comercial en estudio del alto tribunal buscaba tumbar la ley que permitía a las licoreras de cada departamento bloquear la llegada del aguardiente de otras partes del país a sus territorios.
La reacción
Respecto a la decisión, la gobernadora Dilian Francisca Toro, anunció el fortalecimiento de las estrategias comerciales y de innovación de la Industria de Licores del Valle (ILV) con el objetivo de asegurar que los ingresos del departamento no se vean afectados. “Se viene una nueva era para la Licorera, esto también representa una ventaja porque nos obliga a modernizar la industria, ampliar nuestra presencia comercial, no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el país y a nivel internacional, lo que ya estamos haciendo muy tímidamente” dijo Torres Toro.
Es tiempo de la unidad
La mandataria hizo un llamado a los vallecaucanos a apoyar las rentas del departamento mediante el consumo de productos de la ILV.
“Es fundamental que los vallecaucanos tengan sentido de pertenencia y consuman nuestros productos, porque está en juego la salud, la educación y el deporte de los vallecaucanos. Además, esta situación también nos ofrece la oportunidad de seguir creciendo y modernizándonos como licorera”, expresó Toro, quien destacó que la decisión obliga a fortalecer la estrategia anticontrabando ante la situación que se puede generar por la llegada de productos.
La mandataria reafirmó el compromiso de la Industria de Licores del Valle con el desarrollo económico del departamento y la generación de recursos que beneficien a todos los vallecaucanos.
Origen del pleito
Desde el 6 de junio del 2023, la Gobernación de Cundinamarca prohibió la comercialización del Amarillo de Manzanares, y por eso impulsó a la Industria Licorera de Caldas junto con su equipo jurídico para insistir en que dicha norma no solo creaba monopolios comerciales inconstitucionales, sino que vulneraba la libre competencia y el derecho de los consumidores a elegir.
Detrás de este pleito jurídico estuvo el abogado y exsuperintendente de Industria y Comercio en el gobierno Santos, Pablo Felipe Robledo, quien manifestó que entre 10 y 12 departamentos tendrán que levantar la salvaguarda de manera inmediata y permitir el ingreso de todos los aguardientes. «Viviremos en el mundo que corresponde; los consumidores, no las autoridades, resuelven qué productos en el mercado se consumen», precisó el demandante.
