Según el mandatario, en dichos informes se mencionan supuestas reuniones con los hermanos Bautista, accionistas de la compañía, en las que se habría planteado la devolución del contrato de pasaportes a cambio de apoyo tecnológico para favorecer una eventual candidatura presidencial. Estas declaraciones encendieron el debate político y generaron fuertes cuestionamientos desde distintos sectores.
La representante Katherine Miranda fue una de las primeras en reaccionar, preguntando si las afirmaciones del presidente implicaban interceptaciones a las comunicaciones del candidato. A este cuestionamiento se sumó el senador Mauricio Gómez Amín, quien señaló que la campaña de De la Espriella estaría enfrentando falta de garantías.
Además, el abogado Germán Calderón España presentó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, solicitando investigar al presidente por presunta violación ilícita de comunicaciones. También se anunciaron acciones ante la Fiscalía y la Procuraduría.
La polémica también provocó reacciones de otras figuras políticas como Paloma Valencia, quien advirtió sobre los riesgos de utilizar inteligencia estatal en medio de una contienda electoral, mientras que el exministro Mauricio Cárdenas recordó que las interceptaciones solo pueden realizarse con orden judicial.
El caso reavivó el debate sobre el uso de inteligencia estatal en procesos políticos y generó un nuevo capítulo de tensión en la contienda electoral en Colombia.
