En el pasado reciente, llamaba la atención enterarse por los medios de comunicación de las protestas que realizaban quienes consideraban que sus derechos habían sido vulnerados.
Así, se puede mencionar reclamos sobre el alto costo de las tarifas de los servicios públicos o sobre el mal estado de calles o de vías de comunicación. Desde luego, esta lista se podría extender por varias líneas más, pero basta para ilustrar el punto en cuestión. Desde luego, las expresiones de inconformismo tienen cabida en un país democrático, cuando éstas se realizan con respeto.
Esto, debido a que, la democracia implica que los individuos pueden participar en las decisiones de los asuntos que los afectan, en un proceso garante de libertad y equidad social. Con todo, de lo descrito, emerge la pregunta ¿Por qué las autoridades no atendieron de manera oportuna las solicitudes de la gente? En entrevistas concedidas a los referidos medios, los líderes de las protestas, afirmaban que sus peticiones escritas no fueron atendidas de manera oportuna o que, incluso fueron ignoradas; ante esto, aluden ellos que no les quedaba otra opción que recurrir a vías de hecho, como el bloqueo de carreteras o la toma de calles y avenidas para hacer público su descontento.
Como es de suponer, estas manifestaciones de disgusto tienen sus variopintas, entre ellas, el daño que se ocasiona a edificaciones e incluso la pérdida de vidas humanas, derivada de los enfrentamientos de los inconformes con la fuerza pública.
Con lo expuesto no se pretende avalar el caos que pueden suscitar las protestas ni desconocer los reclamos respetuosos de la ciudadanía. Por ello, se espera que el escenario antes descrito cambie con esta nueva administración, que ha puesto de relieve la importancia del diálogo, entendido éste, como un proceso lingüístico bilateral, que presupone el planteamiento de las pretensiones de validez de las partes involucradas, con el fin de lograr a acuerdos que han de emerger de la fuerza de los argumentos y de las necesidades de la población.
Así las cosas, la solución oportuna de los problemas, ha de contribuir a potenciar la justicia social, principio sustancial del actual gobierno.
