La decisión fue adoptada por la Sección Segunda de esa corporación, encargada de conocer los asuntos laborales y pensionales del Estado.
Con esta determinación, el decreto vuelve a estar vigente mientras avanza el proceso judicial en el que se analiza si fue expedido conforme a la ley.
Es importante aclarar que el Consejo de Estado aún no ha tomado una decisión definitiva sobre la legalidad del decreto. Lo que resolvió fue permitir que continúe produciendo efectos mientras estudia el caso de fondo.
La decisión final se conocerá cuando el alto tribunal emita la sentencia correspondiente, en la que definirá si el decreto se mantiene o si, por el contrario, debe ser anulado.
