La exfuncionaria llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General, en el que aceptó su responsabilidad por el delito de fraude procesal. Como parte del acuerdo, se estableció una pena de tres años de prisión, una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad de 2,5 años para ejercer cargos o funciones públicas.
Uno de los compromisos establecidos fue ofrecer disculpas públicas al país y a la Fundación Universitaria San José, institución cuyo buen nombre, según reconoció Guerrero, resultó afectado por el caso.
Durante la audiencia, realizada de manera virtual, la joven pidió la palabra y admitió su responsabilidad.
“Hoy frente al país quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, manifestó.
Guerrero aseguró que no pretende justificarse ni presentarse como víctima y pidió perdón a su familia, a quienes confiaron en ella, a los jóvenes que la consideraban un referente y a la institución educativa involucrada.
“No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”, expresó.
La exviceministra también señaló que su fe la llevó a reflexionar sobre lo ocurrido y aseguró que espera que este episodio no defina el resto de su vida.
“Perdón por haberme equivocado”, concluyó Guerrero, quien afirmó que buscará demostrar que las segundas oportunidades son posibles.
