La medida fue adoptada tras una tutela presentada contra la Presidencia, las Fuerzas Militares y otras entidades del Estado, en la que se advierte sobre una posible afectación de derechos como la vida, la integridad y, especialmente, los derechos de niños, niñas y adolescentes en zonas afectadas por el conflicto armado.
El juez también exhortó a los grupos armados ilegales para que retiren a los menores de sus filas y los mantengan al margen de las confrontaciones.
La suspensión tendrá carácter temporal y se mantendrá mientras avanza el proceso judicial. Será una decisión de fondo la que determine si las operaciones de bombardeo en el departamento vulneran o no los derechos fundamentales señalados en la tutela.
La determinación se conoce en medio de las operaciones militares contra estructuras armadas que tienen presencia en Guaviare, uno de los departamentos históricamente afectados por el conflicto y el reclutamiento de menores.
