El documento advierte sobre asesinatos, amenazas, desplazamientos y una creciente sensación de inseguridad en diferentes sectores rurales. Según señala el pronunciamiento, parte de esta situación estaría relacionada con una disputa entre estructuras armadas que se identifican como la columna Adán Izquierdo y el Frente Yair Bermúdez.
De acuerdo con el escrito, las repercusiones de esta confrontación estarían alcanzando zonas de Tuluá, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, San Pedro, Buga, Guacarí, El Cerrito, Palmira y Tenerife, entre otros territorios.
Los autores aclaran que no buscan respaldar a ninguno de los actores involucrados y aseguran que su llamado tiene como único propósito reclamar garantías para la población civil.
Preocupación por lo ocurrido en Santa Lucía
Uno de los hechos que motivó el pronunciamiento fue el enfrentamiento registrado el domingo 30 de agosto en inmediaciones del corregimiento de Santa Lucía, zona rural de Tuluá, entre integrantes de un grupo armado y miembros del Ejército Nacional.
Las comunidades expresaron preocupación porque este tipo de confrontaciones se produzcan dentro o cerca de centros poblados, debido al riesgo que representan para niños, adultos mayores y familias campesinas.
“Las comunidades rurales no pueden convertirse en escenario de confrontaciones armadas”, señala el documento.
También solicitaron evitar la estigmatización de quienes habitan estos territorios, advirtiendo que residir en una zona con presencia de actores armados no significa tener vínculos con ellos.
“Ser campesino no significa pertenecer a un grupo armado. Vivir en una zona rural no convierte a ninguna persona en combatiente”, enfatiza el pronunciamiento.
Piden intervención de las autoridades
El llamado está dirigido tanto a los grupos armados como a la Fuerza Pública. A los primeros les solicitan respetar a la población civil y mantener las confrontaciones alejadas de caseríos, viviendas, escuelas y caminos; mientras que a las autoridades les piden adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las comunidades y evitar señalamientos contra sus habitantes.
Además, solicitan la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Tuluá, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Tuluá, los ministerios del Interior y Defensa, la Fiscalía, la Procuraduría, la Presidencia de la República y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
La petición central es que se implementen acciones urgentes de prevención, protección y atención humanitaria, así como medidas frente a los asesinatos, amenazas y posibles desplazamientos que denuncian las comunidades.
“No queremos más asesinatos. No queremos más desplazamientos. No queremos más amenazas. No queremos que nuestros caseríos sean campos de batalla. Queremos vivir en paz”, concluye el documento.
El pronunciamiento fue divulgado de manera anónima. Sus autores aseguran que decidieron reservar sus identidades por temor y piden que las autoridades actúen antes de que la situación de orden público se agrave y pueda cobrar nuevas vidas.
