La medida le permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley para responder con mayor rapidez a las consecuencias de la emergencia, sin que cada decisión deba pasar primero por el Congreso.
Entre las acciones contempladas está el uso de recursos del Sistema General de Regalías, modificaciones al mecanismo de Obras por Impuestos y la venta de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para apoyar la atención y reconstrucción.
También se plantean líneas de crédito de emergencia, tasas subsidiadas y periodos de gracia para micro y pequeñas empresas afectadas, además de apoyos para cubrir parte de los salarios y aportes de sus trabajadores.
El Gobierno contempla igualmente medidas para facilitar el acceso a créditos y ayudas a través del sector cooperativo y utilizar recursos de Fontur para apoyar temporalmente a hoteles ubicados en las zonas afectadas.
La declaratoria se suma al Plan Milagro de Reconstrucción, que contempla subsidios de arrendamiento, reparación y reconstrucción de viviendas, así como la recuperación de colegios, vías y puestos de salud.
La emergencia económica podrá extenderse inicialmente hasta 30 días, con posibilidad de prórrogas dentro de los límites establecidos por la Constitución. La medida deberá ser revisada por la Corte Constitucional.
