En medio de esta alta demanda, ciudadanos denuncian que algunos propietarios estarían aumentando considerablemente los precios, aprovechando la necesidad de quienes tuvieron que abandonar sus viviendas.
Aunque el valor inicial de un arriendo se acuerda entre las partes, la Ley 820 de 2003 establece que el canon mensual de una vivienda urbana no puede superar el 1 % de su valor comercial. Para contratos vigentes, además, existen límites y condiciones para realizar incrementos.
Ante posibles irregularidades, los afectados pueden conservar publicaciones, mensajes y demás evidencias de los cobros y acudir ante las autoridades competentes para recibir orientación o presentar una queja.
En medio de una emergencia que ha dejado familias sin poder regresar a sus hogares, el llamado es a evitar la especulación y actuar con solidaridad. La necesidad de encontrar un techo no debería convertirse en una oportunidad para imponer precios desmedidos.
