El organismo de control señaló que este faltante compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas y pidió que cada apropiación presupuestal esté respaldada por ingresos reales o, en su defecto, se ajuste el gasto para evitar un mayor desequilibrio fiscal.
Según la Contraloría, esta no es una situación nueva. En los presupuestos de 2024, 2025 y 2026 ya se habían emitido advertencias por fallas en la financiación y por la inclusión de ingresos proyectados que finalmente no se materializaron, como ocurrió con la reforma tributaria que no fue aprobada.
El informe también advierte que el crecimiento del servicio de la deuda podría absorber buena parte de los recursos del Estado, dejando prácticamente estancadas las partidas destinadas a inversión y funcionamiento, lo que limitaría la ejecución de programas y proyectos durante el próximo año.
Además, entidades como el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de la Igualdad, el Fondo Nacional de Vivienda y la Agencia Nacional de Hidrocarburos tendrían reducciones en sus asignaciones presupuestales. La Contraloría también alertó sobre posibles afectaciones al Sistema General de Regalías por menores ingresos frente a los proyectados.
Finalmente, el ente de control insistió en que el presupuesto debe construirse con fuentes de financiación ciertas y sostenibles, con el fin de garantizar la estabilidad fiscal y evitar que el nuevo Gobierno tenga que enfrentar mayores dificultades financieras desde el inicio de su mandato.
