El documento, firmado este 29 de julio por el fiscal Brayan A. Melgar Ledezma, ordena a las autoridades policiales localizar, aprehender y trasladar a Morales a una unidad especializada de la Policía.
Al exmandatario se le atribuyen, de manera preliminar, presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los medios de transporte y los servicios públicos.
La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se habría adherido el Ministerio de Gobierno de Bolivia.
Morales reaccionó a través de sus redes sociales y rechazó las acusaciones. El expresidente calificó la medida como una persecución política y aseguró que el Gobierno busca responsabilizarlo por las movilizaciones sociales para desviar la atención de la crisis económica y social que atraviesa el país.
“No nos van a intimidar”, afirmó Morales, quien sostuvo que continuará defendiendo lo que considera los intereses del pueblo boliviano.
El exmandatario permanece desde noviembre de 2024 en la región del Chapare, donde se refugió ante el riesgo de ser detenido. La nueva orden de aprehensión abre ahora un nuevo capítulo en la disputa política y judicial que enfrenta Morales con las autoridades bolivianas.
