La Sala de Casación Penal ratificó la sentencia que lo condenó a ocho años de prisión, decisión que permitió hacer efectiva la orden de captura.
El exmandatario deberá responder por las irregularidades detectadas durante su gestión, en un proceso judicial que culminó con la confirmación de la condena por parte del alto tribunal.
Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos correspondientes para el cumplimiento de la pena impuesta.



