La principal preocupación del gobierno entrante se centra en el proceso de contratación para el servicio de escoltas, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos. Según la administración electa, el contrato sería adjudicado antes del cambio de gobierno, lo que impediría revisar los perfiles y la idoneidad del personal encargado de la seguridad del presidente y del nuevo gabinete ministerial.
Ante esta situación, De la Espriella pidió al procurador Gregorio Eljach ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso e incluso evaluar la posibilidad de recomendar su suspensión hasta que el nuevo gobierno pueda analizar la conveniencia de la contratación.
La solicitud también incluye seguimiento a otros procesos de la UNP, entre ellos la provisión de más de 5.100 cargos de Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que solo cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
De igual forma, el gobierno electo pidió revisar un contrato para la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda, destinados a municipios de nueve departamentos, así como seis procesos de contratación relacionados con medidas colectivas de protección para comunidades indígenas.
Según el presidente electo, la intervención de la Procuraduría busca garantizar que todas las contrataciones se desarrollen con transparencia, respetando la Constitución y la ley, además de proteger el interés público y fortalecer la confianza institucional durante el proceso de transición de gobierno.
