El Valle del Cauca fortalece su liderazgo entre las entidades públicas del país con mejor desempeño institucional al obtener 98 puntos en el Índice de Desempeño Institucional 2025, frente a los 94.9 puntos en la medición de 2024, consolidándose como referente nacional en gestión pública y superando departamentos como: Antioquia, Bolívar, Boyacá y Risaralda.
“Estamos muy felices porque nos mantenemos en ese lugar de excelencia dentro del Índice de Desempeño Institucional. Este índice, como su mismo nombre lo dice, mide la forma en la que institucionalmente nosotros operamos, cómo nos organizamos y cómo, como organización, logramos dar los buenos resultados en términos de políticas públicas y de cumplimiento del Plan de Gobierno”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien destacó que “con respecto a la medición del año pasado logramos un incremento de tres puntos y mantenemos el nivel de excelencia”.
Más que un reconocimiento técnico, el Índice de Desempeño Institucional es uno de los principales instrumentos para evaluar la capacidad de las entidades públicas de organizar sus procesos internos, administrar adecuadamente los recursos y garantizar que las políticas públicas lleguen de manera efectiva a los ciudadanos.
En otras palabras, el indicador no mide únicamente cuánto invierte una entidad o cuántas obras ejecuta. Evalúa si cuenta con una organización sólida para que cada peso del presupuesto, cada programa y cada proyecto se conviertan en resultados concretos para la comunidad. Para ello analiza aspectos como la planeación institucional, la gestión del talento humano, la integridad de los servidores públicos, la contratación, el servicio al ciudadano, la seguridad digital, el control interno, la participación ciudadana, la defensa jurídica, la gestión documental y la eficiencia en la ejecución presupuestal, entre otros componentes.
“El modelo analiza 19 políticas de gestión pública que abarcan aspectos fundamentales para el funcionamiento del Estado y, en el caso del Valle del Cauca, todas obtuvieron calificaciones superiores a 95 puntos, cinco de ellas con el puntaje perfecto de 100 sobre 100. La forma en la que institucionalmente operamos, cómo nos organizamos y cómo logramos convertir esa organización en resultados para los ciudadanos es precisamente lo que mide este índice”, explicó Nicolás Guzmán, director del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca.
La evaluación es realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública a cerca de 3.700 entidades del Estado colombiano, entre ministerios, gobernaciones, alcaldías, establecimientos públicos y entidades descentralizadas, bajo una metodología única que permite comparar el desempeño de todas las instituciones en igualdad de condiciones.
Pero ¿qué significa realmente para los ciudadanos que su Gobernación obtenga 98 puntos en desempeño institucional?
La respuesta está en la capacidad del Estado para responder de manera más eficiente a las necesidades de la población. Una entidad con procesos organizados, reglas claras, personal capacitado y controles adecuados tiene mayores posibilidades de ejecutar oportunamente sus programas, contratar con transparencia, administrar mejor los recursos públicos y prestar servicios con mayor calidad.
De acuerdo con el Director de Planeación, el índice funciona como una evaluación de las capacidades internas de una organización.
“Es como un equipo de fútbol. Lo que aquí se evalúa es cómo ese equipo se prepara, cómo se organiza y cómo sale a jugar los partidos. En nuestro caso, cómo organizamos todas las capacidades institucionales para convertirlas en resultados para los ciudadanos”, explicó.
En la práctica, una mejor organización administrativa se refleja en una mayor capacidad para ejecutar obras, atender a los ciudadanos, implementar programas sociales, fortalecer la transparencia, reducir riesgos de corrupción, optimizar el uso del presupuesto y responder de manera más eficiente frente a las necesidades del territorio.
Estos indicadores también representan una garantía para los organismos de control, los inversionistas y la ciudadanía, ya que evidencia que la entidad cuenta con procesos sólidos para administrar los recursos públicos bajo criterios de eficiencia, legalidad y transparencia.
