La alta corporación señaló que el nuevo acto administrativo deberá establecer el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, bajo el cumplimiento estricto de los criterios legales y constitucionales vigentes.
En su decisión, el tribunal precisó que para determinar la cifra del salario mínimo el Ejecutivo debe aplicar de manera integral varios parámetros. Entre ellos, la meta de inflación fijada por la Junta Directiva del Banco de la República para 2026; la productividad acordada por el Comité Tripartito de Productividad que coordina el Ministerio del Trabajo, con base en las cifras certificadas por el DANE; y la contribución de los salarios al ingreso nacional en 2025.
También deberán considerarse el incremento del Producto Interno Bruto del año 2025; la inflación real de 2025 medida a través del índice de precios al consumidor entre el 1° de enero y el 31 de diciembre; la especial protección del trabajo y la necesidad de garantizar una remuneración mínima, vital y móvil; la función social de la empresa; y los objetivos constitucionales de la dirección de la economía a cargo del Estado.
La decisión deja en suspenso el decreto inicial mientras se define de fondo la legalidad del acto administrativo.
