No existe una ley en Colombia que permita que el Consejo Nacional Electoral (CNE) investigue al Presidente de la República, y no podría haberla porque la Constitución Política dispone el único ente competente para investigarlo es la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes perteneciente al Congreso de la República.
Por si fuera poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dispuesto, a propósito del mismo Petro cuando fue destituido arbitrariamente como Alcalde de Bogotá por el ex Procurador Ordóñez, que un funcionario de elección popular solo puede ser disciplinado por un juez penal y no por una instancia ajena a la rama judicial. En Colombia el jefe de estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa tiene fuero integral.
La investigación que ha abierto el CNE a Gustavo Petro es ilegal, inconstitucional e inconvencional.
Este es el golpe de estado blando que se viene anunciando hace rato, pero que los medios corporativos de comunicación minimizan y ridiculizan.
Claro que hay acciones jurídicas para atacar este desafuero del CNE, tutela ante la Corte Constitucional o solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero su marcada intención es sancionar velozmente al presidente para remitir el expediente al Congreso para que este pueda destituir al mandatario, así sepan que los tiempos no les dan de aquí a agosto de 2026, pues la idea es ensuciar la gobernanza para recobrar el poder en las presidenciales.
Tal vez se les olvida que cuando el sistema político corrupto colombiano ha victimizado a Petro, este les ha terminado ganando la partida, y esta la puede terminar ganando pacíficamente en la calle.
