Mullaly también señaló que, en Colombia, la mayoría de las víctimas de esta problemática son mujeres y el delito se comete con fines de explotación sexual, principalmente.
La relatora especial de la ONU visitó varias ciudades del país, donde conoció de primera mano a algunas de las víctimas de este flagelo y al respecto manifestó que la implementación de las leyes, la protección de esta población y la prevención del tráfico constituyen un desafío muy serio, sobre todo en áreas rurales, zonas de conflicto.
“La educación es clave, pero se requiere además igualdad de género, educación sexual basada en derechos humanos, fortalecer sistemas de protección infantil y, en particular, brindar atención a víctimas de explotación ubicadas en ciertas comunidades vulnerables, agregó la invitada internacional” añadió.
Se requiere tener en cuenta también a los grupos que se encuentran en mayor riesgo debido a la discriminación, la xenofobia, el racismo y fenómenos como la migración.
De otra parte, la experta internacional se refirió a las fallas en el sistema de atención y de seguimiento a esta problemática pues, en muchos casos, las víctimas no tienen oportunidad de recuperarse y están en riesgo de ser traficadas nuevamente.
La obligación corresponde al Estado. Las víctimas no reconocen, no identifican su situación; otros tienen miedo debido a las represalias que amenazan su integridad.
