En el proceso, inicialmente también se ordenó embargar el salario de Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, y el secuestro de siete propiedades que aparecen a su nombre.
El caso se suma a las investigaciones que enfrenta Roa por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña. La Fiscalía lo imputó por supuesta violación de los topes electorales, al señalar que los gastos habrían superado los límites permitidos en al menos $1.664 millones. El exdirectivo no aceptó los cargos.
Además, Roa es investigado por presunto tráfico de influencias en relación con su gestión al frente de Ecopetrol. La Fiscalía indaga posibles presiones para favorecer a un tercero en contratos de servicios de regasificación.
Por ahora, el embargo de las cuentas del Pacto Histórico busca garantizar el pago de la obligación reclamada mientras avanza el proceso judicial.
