Según la resolución, los hogares y los pequeños comercios tendrán la primera prioridad en el suministro, al ser considerados parte de la demanda esencial para el desarrollo de las actividades cotidianas.
En segundo lugar, se atenderá a los usuarios no esenciales que cuenten con contratos vigentes respaldados por garantías de suministro firme. En este grupo se encuentran industrias y empresas que podrían enfrentar restricciones dependiendo de la disponibilidad del combustible y de las condiciones operativas.
Por último, se ubican las exportaciones de gas natural pactadas en firme, que solo serán atendidas después de cubrir la demanda esencial y los compromisos internos contemplados en el esquema de priorización.
La medida responde a las limitaciones operativas en la planta de regasificación de SPEC, cuyas reparaciones serán determinantes para establecer cuánto tiempo se mantendrán las restricciones.
Aunque el Gobierno señala que se trata de una medida temporal y que no se prevén interrupciones generalizadas para los usuarios residenciales, la evolución de los trabajos y el comportamiento de la demanda serán claves para determinar el impacto sobre las industrias y otros sectores económicos.
