La iniciativa fue presentada por Johana Bahamón, de la Fundación Acción Interna, en una carta fechada el 26 de octubre de 2026 y dirigida al presidente Abelardo de la Espriella. La propuesta surgió de un encuentro con representantes de derechos humanos y convivencia de siete patios del centro penitenciario, que representan cerca de 4.300 reclusos.
Uno de los compromisos planteados consiste en entregar los celulares que se encuentran en los patios, con un procedimiento coordinado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Según lo expuesto por Bahamón, la iniciativa no busca obtener rebajas de pena, privilegios ni beneficios a cambio, sino aportar a la lucha contra la extorsión y los delitos digitales.
La segunda propuesta está relacionada con el trabajo como herramienta de resocialización. Los internos plantean fabricar pupitres para colegios, confeccionar uniformes escolares, elaborar mobiliario para hospitales y aportar mano de obra a proyectos de construcción y mejoramiento de carreteras y espacios comunitarios.
Los promotores esperan que el Gobierno escuche las propuestas y evalúe cómo podrían implementarse. La iniciativa busca convertir el trabajo penitenciario en una forma de contribuir a las necesidades del país, mientras se promueven procesos de convivencia y reintegración social.
