Eso ocurrió en Tuluá, entre los años 2018 y 2019 en el corregimiento de Aguaclara, donde un particular edificó más de 20 casas, construyó el alcantarillado y las vendió a personas que soñaban con una vivienda propia.
Ese conjunto de casas, la mayoría habitadas, recibió el nombre de urbanización Josefina, en un callejón que lleva el mismo nombre y a pocos metros de la carretera principal del citado corregemiento.
DATO: Planeación municipal recomienda no comprar lotes o viviendas sin verificar la legalidad de los urbanizadores.
Lo complicado de esta historia es que por haber surgido en medio de la ilegalidad, hoy los habitantes, quienes siguen pagando los predios, no cuentan con el servicio de agua potable y las 20 familias que residen en el incipiente barrio toman el preciado líquido de un medidor normal, lo que hizo que en días pasados colapsara.
Las soluciones
César Polindara, subgerente comercial y de nuevos negocios de Centroaguas, dijo que la empresa en ningún momento ha ordenado suspender el servicio de agua a los habitantes de La Josefina, pese a que la manera como están obteniendo el servicio raya con la ilegalidad.
«Lo que como empresa hemos hecho es decirle a la gente que es obligación del urbanizador entregar el sector con el alcantarillado de aguas residuales, el pluvial o de aguas lluvias, y las acometidas de acueducto o de lo contrario no podemos actuar», dijo Polindara a los habitantes del barrio durante una reunión cumplida el viernes 11 de febrero.
Agregó que esa exigencia no la hace la empresa, sino que está consignada en las compraventas suscritas entre los moradores y quien urbanizó el predio.
«Si se allega la documentación y se hace entrega oficial de los diseños y las obras exigidas, no tendremos problema alguno en instalar el servicio, pues hace parte de nuestra misión», aseguró el funcionario.
Reclaman atención
«Nosotros accedimos a comprar al señor Rubén Darío Hernández, pues nos dijo que todo estaba bajo la legalidad y que en poco tiempo ya habría una solución a temas como el agua potable y demás servicios, pero pasan los meses y nada de eso ha pasado y lo que más nos preocupa es que ya la persona que nos vende el agua no lo hará más, lo que nos deja en un callejón sin salida», dijo Herlin Escobar, uno de los líderes del sector.
Así mismo, otros moradores del sector instaron al alcalde John Jairo Gómez para que se apersone del tema, pues lo conoce de primera mano porque en campaña los visitó y Rubén Dario Hernández, el urbanizador hizo parte de una lista para el Concejo Municipal que lo acompañó en su proyecto para ser elegido alcalde.
«Lo mínimo que esperamos del señor alcalde y sus funcionarios es la solidaridad», indicó Escobar en diálogo con EL TABLOIDE.
