Entre las medidas contempladas aparece un registro de organizaciones y actores terroristas, además de un régimen penal y penitenciario especial para sus integrantes y mecanismos para perseguir sus bienes y fuentes de financiación.
El proyecto también plantea castigos de hasta 30 años de prisión para quienes fabriquen, compren o transporten drones con fines ilícitos. Para quienes retengan a policías o militares en servicio se contemplan penas de entre uno y tres años, que podrían aumentar si la conducta beneficia a una organización terrorista.
Otro de los puntos establece penas de 13 a 22 años de prisión para quienes brinden apoyo logístico a estructuras criminales, incluso cuando no participen directamente en los ataques.
La propuesta también incluye disposiciones frente a asonadas, utilización de población civil y actividades relacionadas con la minería criminal. El Gobierno prevé que, después de la revisión en el Consejo de Política Criminal, el proyecto sea llevado al Congreso para iniciar su trámite legislativo.
Por ahora, se trata de un borrador, por lo que su contenido podría cambiar durante la revisión y el debate legislativo.
