Desde que la Ley 142 de 1994 le abrió las puertas al capital privado para incursionar y gestionar los servicios públicos domiciliarios, estos se convirtieron en la joya de la corona de empresarios y políticos corruptos, pues allí vieron una oportunidad única de dinero fácil, una verdadera mina de oro, con unos clientes fijos, amarrados, obligados a pagar unas tarifas injustas, sin ningún estudio serio de mercado, donde alcaldes y concejos municipales aprovecharon la ocasión para hacerle trampa a las comunidades al hacer negocios por debajo de la mesa en los procesos privatizadores de estos servicios públicos esenciales como el aseo, el agua, alcantarillado, la energía o las telecomunicaciones.
El último de estos episodios se presentó en Guadalajara de Buga cuando dieciséis de los diecisiete concejales le entregaron a la alcaldesa Karol Martínez autorización para que “… en representación y en nombre del municipio participe en la constitución de una empresa prestadora del servicio público domiciliario de aseo, con el porcentaje de participación municipal que resulte técnica y financieramente conveniente…”. Es decir, los concejales, sin Eduardo Barbosa que votó en contra, se desprendieron de su obligación de estudiar, analizar, convocar a las comunidades para conocer sus opiniones, hacer control político y todo se lo dejaron a la alcaldesa para que ella decidiera por ellos en este sensible tema.
Una irresponsabilidad mayúscula, ¿para qué se hicieron elegir? Obviamente la señora Karol y los dieciséis concejales (Alba Stella Anacona Ortíz, Edemir Ángel Cabrera, Diego Alberto Cardona Marulanda, Luis Felipe Cedano Escobar, Jonathan Fabián González Roldan, Yolver Fabián Gutiérrez Mejía, Diego Fernando Herrera Domínguez, Paula Andrea Hurtado Arango, Claudia Patricia Jaramillo Cruz, Maicol David Millán Villarreal, Angela María Murillo Larrahondo, Jaime Alberto Pombo Gastaldi, René Julián Quintero Gallego, Julio César Romero Rincón, Jaiver Sarria Becerra y Fary Benhur Tabares Barrientos) sabían que estaban participando de un proceso que ignoró una licitación pública, como ordena la Ley, en cambio diseñaron una estrategia tipo sastre, a la medida, para entregar el servicio de aseo a una no muy recomendable empresa de Yumbo (Valle) llamada Consorcio Acevalle, en un ligero, calculado, oscuro proceso, donde se ignoró la participación ciudadana, para sacar del negocio a la multinacional Urbaseo, sin saber a ciencia cierta como es la participación del municipio en esta transacción, pues a pesar que en el Acuerdo se habla de esto, en la Resolución de adjudicación del multimillonario negocio no se dice nada al respecto.
Definitivamente a Guadalajara de Buga no solo la afectó el terremoto, también la corrupción hizo escala en esta ciudad y se quedó amañada.
