El tema fue abordado por Catalina Ricaurte, gerente de Merck y presidenta de la Junta Directiva de Afidro, quien planteó si el sistema de salud debería participar en la financiación de tratamientos de fertilidad para las personas que desean tener hijos y enfrentan dificultades médicas o económicas para lograrlo.
Ricaurte señaló que una eventual política pública tendría que establecer criterios claros de acceso, financiación y sostenibilidad, teniendo en cuenta las restricciones económicas que actualmente enfrenta el sistema de salud. La propuesta, aclaró, no consiste únicamente en aumentar los nacimientos, sino también en facilitar que quienes desean ser padres puedan hacerlo.
Otro factor está relacionado con la edad. El aumento de los años de formación y las exigencias profesionales han llevado a muchas personas a aplazar la maternidad y la paternidad, mientras las posibilidades reproductivas disminuyen con el paso del tiempo. En ese contexto, Ricaurte mencionó alternativas como la preservación de óvulos.
Sin embargo, la ejecutiva reconoció que financiar tratamientos de fertilidad no resolvería por sí solo la baja natalidad. También serían necesarias medidas como cuidado infantil, flexibilidad laboral, teletrabajo y beneficios para las familias.
El impacto del fenómeno demográfico va más allá de los nacimientos. Una población más envejecida implica menos personas en edad laboral, mayores necesidades de cuidado y una presión adicional sobre los sistemas de salud y pensiones.
Durante la presentación también se señaló que en los últimos seis años se han cerrado más de 400 colegios en Bogotá y que el Dane proyecta una reducción de unos 500.000 estudiantes que ingresarían a las universidades durante la próxima década.
El debate, por tanto, no se limita a quién debería pagar un tratamiento de fertilidad. La discusión apunta a qué condiciones económicas, laborales, sociales y sanitarias necesita Colombia para afrontar una transformación demográfica que podría marcar las próximas décadas.
