La responsable de esa coordinación en la Villa de Céspedes es Margie Gálvez Hermida, quien precisa que hoy en el ambiente se percibe una sensación de hermandad entre los diferentes líderes de las diferentes congregaciones.
«Creo que hemos logrado desde la coordinación de Asuntos Religiosos una correcta y armoniosa relación entre los sacerdotes, los pastores y líderes de las iglesias no católicas lo que ha redundado en el bienestar de la feligresía» explica la funcionaria.
Agrega que se logró subsanar una dificultad que se venía presentando con los centros hospitalarios que habían restringido el ingreso de los sacerdotes y pastores lo que iba en detrimento de los pacientes que en medio de la enfermedad quieren escuchar la voz de aliento de su ministro en la fe. «Hoy ya pueden ingresar y asistir a estas personas para orar por su restauración o asistirlos en el bien morir cada cual desde la fe que profesan» precisa Galvez Hermida.
Política modelo
De acuerdo con lo expresado por la funcionaria en su diálogo con EL TABLOIDE, la Política Pública de Libertad Religiosa que se implementó en Tuluá, ha sido catalogada como modelo nacional por la manera en que se ha venido implementando y por la atención integral que se hace en los diferentes sectores.
«Colombia se ha caracterizado por ser un país con un amplio sentimiento religioso, esto conlleva a que la mayoría de los ciudadanos exterioricen y materialicen su religiosidad a través de un estilo de vida definido por su creencia y a expresiones colectivas coherentes y ordenadas y casi siempre sistemáticas y ahí hemos entrado nosotros como articuladores de la política atendiendo de forma integral a la ciudadanía», precisó.
Formación en valores
Uno de los aspectos más importantes del trabajo que se ha desarrollado es la intervención articulada con la Secretaría de Educación en los diferentes espacios escolares con la puesta en marcha de escuelas de padres, talleres con los niños y jóvenes abordando diferentes aspectos de la convivencia en los entornos escolares y que luego se irradiarán en sus hogares y las comunidades a las que pertenecen.
«Ese es un trabajo que nos ha permitido además detectar casos de bullying religioso o violación de derechos que los niños y jóvenes tienen de pertenecer o no a una religión», indicó.
Según los datos de la Coordinación de Asuntos Religiosos, en Tuluá existen hoy 160 iglesias caracterizadas, entre católicas y otras confesiones.
Varias de estas iglesias sufrieron el embate de la pandemia y se vieron incluso obligadas a cerrar sus puertas pues ante la ausencia del culto se afectó la contribución que los fieles hacen para el sostenimiento de los sitios de oración.
