La Casona de esas edificaciones que la gente de Tuluá conoce de paso o de oídas, pero no se imaginan el mundo que se mueve en su interior y bien podría decirse que allí se junta lo divino y lo humano.
El espacio que en la decada 20 del siglo pasado se construyó para atender a los pacientes con tuberculosis y que alguna vez fue punto de fábrica de la Industria de Licores del Valle, alberga desde 1973 a un grupo de familias que empezaron a ocuparlo, según algunos de ellos, con la autorización del alcalde de la época y del personero Carlos Martinez.
De manera paulatina se fue desarrollando un barrio en su interior y varios de los ocuopantes que alegan tener títulos de propiedad construyeron viviendas y el propio municipio los dotó de servicios públicos y hasta pavimentó las vías internas.
«Hasta hace unos años esto era un vividero fenomenal, pero de un tiempo para acá se metió una gente que nos trajo el grave problema del expendio de drogas y ese deterioro es el que ha hecho que nos satanicen y califiquen a todos como malos», dijo una mujer entrada en años, quien desde hace más de 40 vive en el lugar.
«Aquí a la gente buena nos echan la culpa y quieren que nos enfrentemos con los que montaron el negocio ilegal, pero aquí la culpable es la autoridad que permitió que eso pasara» comenta otro de los habitantes.
Inició la demolición
El secretario de Gobierno, José Martín Hincapié, en reunión con los ocupantes les informó que de manera inicial se demolió la parte posterior, donde la estructura amenazaba ruina y donde, según los informes policivos, se focalizaron actividades delictivas.
«El mensaje del señor alcalde es claro, no se va atropellar a nadie y de manera individual la Administración se sentará a conversar con quienes manifiestan tener algún título o documento que los acredite como propietarios, los que no posean esa condición deberán desalojar y a ellos acorde con la norma recibirán $1’200 mil pesos para que cancelen el arriendo», dijo el funcionario al dirigirse a la comunidad en la mañana del miércoles.
