Nunca se había presentado ante el Congreso de la República y la opinión pública un proyecto de ley más absurdo, impopular y coercitivo, como el de las inversiones forzosas, anunciado desde la otra semana por el presidente Gustavo Petro y sustentado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Se trata nada más ni nada menos de obligar a los bancos a desembolsar recursos económicos de las cuentas de ahorro de todas las personas naturales y jurídicas con el embeleco de financiar proyectos en el sector agrario, vivienda e infraestructura, que no puede hacer el propio gobierno, dado su déficit presupuestario y por lo que vemos, su falta de imaginación y apuros en que se encuentra, al no hallar la forma de cumplir con el discurso de campaña presidencial.
Así, es como se ha dado a la tarea de rebuscar a como dé lugar, por todos los rincones del país, nuevos recursos, además de plantear desde ahora una nueva reforma tributaria para el próximo año, al comprobar que la primera no fue suficiente.
Esta intención de las inversiones forzosas, las han calificado como realmente “expropiaciones” al sector financiero, que perjudican a la clase media y a todo cuanto ahorrador guarde un solo peso en una entidad bancaria, lo cual, no deja de ser un exabrupto económico, porque no existe ninguna garantía de los resultados obtenidos luego de hacerse concreta la inversión en cualquiera de esas obras que, al final, se convierten en elefantes blancos sin terminar y se agregan a las pérdidas cuantiosas por las que nadie responde.
Crea de otra parte, un pánico financiero que trae como resultado la fuga de capitales y una creciente desconfianza que obligan a la decadencia de trabajar en las grandes mega obras necesarias en el territorio nacional.
No es posible que se continúe con tanta demagogia verbal en cuanto escenario se presenta el primer mandatario de la Nación y ahora se explica la racha de renuncias de los ministros más sensatos que lo han acompañado en sus ideales, que no pasan de anuncios e imaginarios, como la pretendida idea de enviar “tejido humano a Marte”.
Esperamos que el Congreso de la República obre con sensatez y el máximo criterio en caso de presentarse el aludido proyecto de ley y de aprobarse, que nos parece absurdo, será poner toda la confianza en el criterio democrático de la Corte Constitucional, para detener semejante atropello contra la libertad de toda persona que hace un esfuerzo inmenso por ahorrar unos pocos pesos tratando de asegurar su futuro, que por cierto, se encuentra como en las penumbras, dadas las características ilusorias del actual gobierno.
Esta pretendida medida no solo afecta a los bancos, sino que pone en peligro el patrimonio de millones de colombianos, vulnerando su derecho fundamental a disponer libremente de su capital, lo que se traduce en una torpe y atrevida ingerencia en el fuero personal violando fragantemente la libertad de cada persona afectada y además tal posibilidad de inversión sin la debida evaluación de riesgo, abre la puerta a un escenario catastrófico, donde los ahorradores verían diluir sus ahorros en inversiones inciertas y sin garantía de retorno.
Estos intentos de inmiscuirse en el sector financiero han producido en Argentina resultados desastrosos que pueden conducir al colapso económico y a la ruina de la clase media. Y tal parece que este gobierno no ha aprendido la lección y cada vez más vamos hacia el abismo sin fondo.
