Por años la violencia ha permeado nuestra sociedad hasta los tuétanos, tanto, que no nos damos cuenta de lo lastimados que estamos.
Cada 4 años los candidatos proponen rutas de navegación para gobernar y administrar los recursos de todos los colombianos, haciéndonos depositar las esperanzas de un mejor mañana en ellos y en sus promesas de campaña para lograr los fines esenciales del Estado, que según el artículo 2 de la Constitución Política son “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación;(…) mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y (…)”
No es que antes viviésemos en Suiza, pero hoy hay un sinsabor colectivo de retroceso y estancamiento en seguridad tremendo que arrastramos en este período presidencial, temiendo volver a los años más violentos de nuestra nación.
Hace 3 semanas vivimos hechos lamentables: el derribo del helicóptero policial con un dron en Amalfi (Antioquia) en el que murieron 13 agentes y el atentado terrorista en Cali dejó 6 personas fallecidas y más de 60 heridos, situaciones que dan mucha tristeza porque el Estado Social de Derecho debe garantizarnos la seguridad a los ciudadanos y no lo hace.
Desde los diálogos de Pastrana con las Farc en 1998, el proceso de paz firmado de Uribe y las AUC en el 2002, el acuerdo de paz que firmó Santos con las Farc en 2016, el cese al fuego bilateral temporal 2023-2024 con el ELN de Petro, por nombrar algunos, solo son muestras del notorio anhelo colombiano por vivir en armonía y sin conflicto, pero son evidencia de la falta de compromiso de estos grupos y de las fallas de un sistema que sigue ampliando las brechas y diferencias sociales entre unos y otros. Seguiremos trabajando por la paz hasta que la consigamos, hasta que no dejen de regalar miedo para vendernos seguridad.
