En enero de 1972 se hizo un pacto de élites auspiciado por el presidente conservador Misael Pastrana, que echó atrás los avances de una reforma agraria que nunca ha podido ser en Colombia, pero que se intentó en la república liberal de los años 30 del siglo pasado y se fortaleció posteriormente con la ley 135 de 1961 y la ley 1 de 1968 que previeron titulación de baldíos al campesinado con el recién creado INCORA y elementos de expropiación a latifundios improductivos.
También se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que cogió fuerza como movimiento social, lo que sirvió de excusa para frenar la reforma con “el chicoralazo” que recrudeció el ciclo de violencias en el conflicto armado del país.
El gobierno ha acudido nuevamente a Chicoral pero ahora para revitalizar la aplazada pero necesaria reforma, en donde el presidente Petro se ha despachado con un discurso lleno de historia en el que dejó claro que la nación se “jodió” con las presidencias de Pastrana padre que arruinó el campo colombiano y luego con Pastrana hijo (1998) que terminó de estancar la industria nacional.
Hoy, se ha fortalecido un Sistema Nacional de Reforma Agraria que empieza con la visión acertada de la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y que va hasta la eficiente gestión de Roosvelt Rodríguez en la Superintendencia de Notariado y Registro, para que este gobierno haya entregado más tierras que Uribe, Santos y Duque juntos (más de 300.000 hectáreas) y el agro sea el sector que más ha crecido aportando casi el 10% del PIB nacional. El panorama mejorará, pero será necesario que el progresismo vaya más allá de 2026.
