Por doquier se están registrando los bloqueos y protestas en la región y en el país. Hace solo unos días tuvimos una de gran magnitud. La que un grupo de manifestantes realizó durante casi dos días, más de 24 horas, en el sector de Mediacanoa, en la vía Buga – Buenaventura.
El trancón fue de tal magnitud, que muchos de ustedes lo vieron, la fila de vehículos estacionados llegó casi hasta Tuluá, esperando poder circular.
Hace unas semanas también se registró una situación similar en el corregimiento de La Paila, en la doble calzada, allí quienes protestaban bloquearon durante varios días esa importante vía en los dos sentidos, norte – sur y viceversa.
En ambos casos eran integrantes de asociaciones de campesinos, comunidades que reclaman tierras. Y motivó aún más su protesta, el hecho de que el Gobierno Nacional, a través de la respectiva Agencia, otorgara títulos de propiedad, en sus territorios, a personas de otras regiones, incluso de otros departamentos.
Así las cosas, sus reclamos son justificados. Sin embargo, está la otra cara de la moneda. Las afectaciones que causan los bloqueos prolongados. De inmediato se habla de pérdidas millonarias por las demoras de transporte de la carga desde y hacia Buenaventura. Obviamente los transportadores, los conductores de esos vehículos sufren en todo sentido. Al igual que quienes tienen urgencia de movilizarse por cuestiones particulares.
Entonces ¿dónde radica la solución para que este tipo de situaciones no sean pan de cada día? Podríamos decir que en la agilidad del alto gobierno para atender las comunidades. Pero ese aspecto, el de movilizaciones, protestas y bloqueos, demuestra una vez más las profundas diferencias, la desigualdad, que aún persiste en nuestro país.
Desde ese punto de vista, las carreteras se convirtieron en el escenario donde esos conflictos sociales se evidencian, se ponen de manifiesto y se busca una solución directa, sin acudir al uso de las armas, aunque sí a las denominadas vías de hecho, a través de los bloqueos.
