El registrador nacional, Hernán Penagos, señaló que la superposición de ambos eventos comprometería la transparencia y la eficacia de los procesos, afectando la claridad en la realización de ambos.
La consulta popular ha sido un tema controversial en el país, generando un fuerte debate sobre su viabilidad, los costos involucrados y su impacto en el panorama político y económico de Colombia. La preocupación por la coincidencia de la consulta con las elecciones presidenciales de 2026 surge como una de las principales críticas, ya que ambos eventos podrían generar confusión entre los votantes y poner en duda la legitimidad de los resultados.
Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, expresó que la consulta popular es un tema crucial para la democracia del país y enfatizó que el Senado de la República no debe subestimar su importancia. Destacó que el proceso debe basarse en la legitimidad y en los intereses de los colombianos, y no ser influenciado por la ideología de una sola persona, refiriéndose al presidente Petro.
Además, el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó los altos costos de la consulta, que podrían superar los 700.000 millones de pesos, en un contexto de alto endeudamiento estatal. Rodríguez advirtió que este gasto podría agravar la situación fiscal del país, especialmente considerando las otras deudas pendientes que enfrenta el Estado. Por ello, instó a evaluar cuidadosamente las consecuencias económicas de la consulta antes de tomar una decisión.
La superposición de la consulta popular con las elecciones de 2026 sigue siendo un tema de debate, y la Registraduría ha dejado claro que, para garantizar la transparencia y el buen desarrollo de ambos procesos, se debe evitar que coincidan en la misma fecha.
