A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), manifestó preocupación por las elevadas cifras de violencia que se han registrado en lo corrido de los primeros 25 días del año 2021, señalando que “ha sido el inicio de año más violento desde la firma del Acuerdo de Paz”, y revelando las cifras que soportan dicha afirmación.
De acuerdo con el informe de la JEP referente al del Monitoreo de Riesgos y Prevención de Afectaciones a los Derechos Humanos en el país, en lo corrido del año se han presentado “14 enfrentamientos armados entre estructuras criminales y la fuerza pública, 13 eventos de amenazas de muertes a líderes sociales, seis masacres y cinco asesinatos de excombatientes de las Farc-EP”, entre otros.
En su informe, la JEP lamentó especialmente los actos violentos que han tendido lugar en contra de los líderes sociales, señalando que las 13 muertes ocurridas en 2021 traducen el asesinado de una de estas personas cada 41 horas.
De acuerdo con los datos revelados por la JEP, estas trece personas se identificaron como:
- Gonzalo Cardona en Tuluá, Valle
- Fredman Herazo en La Apartada, Córdoba
- José Robinson Quino en Yondó, Antioquia
- William Rodríguez en Cúcuta, Norte de Santander
- Linda Patricia Díaz en Cáceres, Antioquia
- Janeth Zapata en Dosquebradas, Risaralda
- José Abadía Parra en Pereira, Risaralda
- Ricardo Cortés Rozo en Bogotá
- Gerardo León en Puerto Gaitán, Meta
- Diego Betancourt en Yopal, Casanare
- Oliver Villariaga en Puerto Rico, Meta
- Alfredo García en Ituango, Antioquia
- Edwin Antonio Indaburo en Nechí, Antioquia
- Carlos Erlid González en Buga, Valle del Cauca
especto a las amenazas, la justicia especial prende las alarmas recordando que son punto importante para la prevención de hechos violentos más graves y lamentando que en lo corrido del presente año se ha perpetrado una masacre cada cuatro días, en hechos que dejan mínimo 18 personas muertas.
La autoridad señaló que este tipo de acciones no se pueden justificar en la presencia de grupos de disidentes en las zonas en las que se perpetran los crímenes.
En los datos presentados por la JEP también se menciona los secuestros de los ciudadanos José Vizney en Guachené, Cauca y el líder de la comunidad indígena embera Jesús Bailarín.
En el monitoreo, la JEP identificó las afectaciones a la tranquilidad ocurridas en los municipios de Betania, Antioquia; Florencia, Caquetá; Cali, Valle del Cauca; Popayán, Cauca; Tarazá, Antioquia; y Buga, Valle del Cauca, identificando como principales victimarios a los grupos armados que hacen presencia en esas zonas y refiriendo el accionar de criminales relacionados con estructuras armadas como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, ELN, Rastrojos, Los Caparros, entre otros.
En comparación con los años anteriores, la JEP señaló que, durante 2021, se han incrementado los escenarios de enfrentamientos entre criminales y fuerza pública, pasando de 9 en 2020 a 14 en 2021.
De igual modo, la JEP reportó un sensible aumento en los escenarios de amenazas a la vida de líderes sociales ascendiendo a 13 en 2021, cifra que se triplicó en comparación con los años 2017, 2018, y 2020.
Sin embargo, frente a delitos como asesinatos de líderes sociales, hostigamientos, y enfrentamientos directos entre fuerza pública y delincuentes, las cifras han descendido, mientas que las acciones en contra de ex miembros de las Farc se mantienen estables.
Dentro de los hechos más preocupantes que incluye la JEP en su reporte se encuentra el de cerca de 80 familias en el municipio de Tibú, Norte de Santander quienes permanecieron confinados en un templo local desde el pasado 28 de diciembre, huyendo de los combates entre miembros del ELN, los Rastrojos y el Ejécito Nacional.
Según el informe de la JEP, esta misma situación derivó en el desplazamiento forzado de cerca de 40 familias de mencionado municipio el pasado 11 de enero de 2021.
Fuente: Noticias RCN
