La medida fue ejecutada por el Inpec y busca reforzar el control de los centros penitenciarios y evitar que estructuras criminales continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles.
Los internos fueron trasladados a establecimientos ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
“Quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”, señaló la Presidencia.
El Gobierno presentó esta decisión como una de sus primeras acciones para establecer una política de mayor autoridad y control sobre el sistema penitenciario.
