Por qué la gobernadora no piensa más bien en hacer una reforma administrativa, en donde disminuya la burocracia, la politiquería y la corrupción?
La iniciativa de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, de cobrar una tasa de seguridad al consumo de energía para los estratos cuatro, cinco y seis, además del sector comercial e industrial, nos parece una propuesta, descortés y peligrosa.
Sabemos que se viene dentro de pocos meses una reforma tributaria, que los analistas consideran la más dura de los últimos años y que por supuesto afectará el bolsillo de todos y cada uno de los colombianos, porque cobrarán el IVA a varios productos básicos de la canasta familiar, si no a todos.
Es poca la imaginación del gobierno seccional acudir a quienes más generan recursos para subsidiar a quienes no los tienen, como es de ley, y no tocar las puertas al gobierno central que tiene como ayudar y apoyar a combatir a inseguridad que cada día afecta a la mayoría de los colombianos, especialmente en el sector urbano, ya que esperamos que con la firma del acuerdo de paz, se disminuya la violencia consuetudinaria en el área rural.
De otro lado somos testigos de que año tras año le aportan a las autoridades de policía inmensas sumas de dinero materializados en motos, camionetas, automóviles y cámaras de seguridad, entre otros elementos necesarios para combatir la delincuencia y, no obstante, la criminalidad crece en forma geométrica, sin que la ciudadanía encuentre plena tranquilidad en sus ciudades.
Son los municipios que aportan tales recursos de ley y por supuesto con el apoyo del gobierno seccional, pero los resultados son mínimos con relación a los dineros dispensados para adelantar las actividades que puedan frenar a las bandas criminales y ahora que no se gastará demasiado del erario nacional en el sostenimiento de una guerra con la subversión, creemos que esos ahorros se podrán destinar a mejorar la seguridad en las regiones, sin necesidad de gravar aún más a quienes desde hace años aportan al fisco seccional, y antes por el contrario, una medida como la de la señora gobernadora pareciera que la seguridad debería trasladarse al sector privado, lo que es un exabrupto porque la Constitución es muy clara y precisa en este sentido, ya que le corresponde velar por la vida, honra y bienes de todos los colombianos pero no a costa de perjudicarlos económicamente.
Hay, como si fuera poco, una crisis económica mundial de la que no es ajeno nuestro país y desde luego nuestro departamento, con una marcada desaceleración del consumo per cápita, lo que redundará en el sistema económico local que deberá sortear este tipo de tasas contributivas y terminará trasladándolas al consumidor final.
¿Por qué la gobernadora no piensa más bien en hacer una reforma administrativa, en donde disminuya la burocracia, la politiquería y la corrupción? ¿Por qué recurrir a quienes más luchan día a día por sobrevivir en un Estado paquidérmico, impositivo, que solamente se dedica a echar la carga en manos del sector privado?
No señora gobernadora, la cosa no es por ahí, como dice el adagio popular, hay que reflexionar con profundidad, proponer con entereza y no continuar con esa propuesta que termina desesperando y desalentando a los generadores verdaderos de seguridad social como es el sector privado.
