“No cuenta con las condiciones y estándares mínimos de lo que se denomina vida en reclusión; falta ventilación, oscuridad, y muchos otros elementos que nos hacen solicitar que se evalúe el posible cierre o sellamiento de esta estructura muy antigua”, señaló el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento.
De acuerdo con la Procuraduría, esta estructura antigua de la cárcel tiene alrededor de tres pabellones y dos pasillos, con la capacidad de albergar a 400 internos.
Mientras tanto, Sarmiento pidió al Inpec, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), a la Unidad Nacional de Control de Riesgo de Desastres, a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Tuluá considerar el sellamiento de esta zona del centro penitenciario.
El propósito de la petición es “garantizar la vida de las personas privadas de la libertad y teniendo en cuenta que preliminarmente se pudo establecer que la estructura puede estar afectada por el incendio”.
Los internos que se encontraban en los patios 8, 9 y 11 fueron llevados a las celdas de visitas conyugales y a otro patio contiguo. Para este grupo de personas, la Procuraduría también pidió fortalecer la atención médica.
“Hicimos un llamado al Inpec y al Uspec para que traiga médicos generales, enfermeras y un equipo de apoyo psicológico, se comprometieron a realizarlo el día de hoy (jueves) y estamos muy atentos a que eso ocurra”, explicó Sarmiento.
Sobre la investigación adelantada por la Procuraduría tras la muerte de 51 internos en medio de un incendio, Sarmiento detalló que continúan recopilando toda la información probatoria para determinar cómo ocurrieron los hechos.
“Ayer (miércoles) también obtuvimos los testimonios de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tuluá y seguramente se ordenarán más pruebas para seguir nutriendo esta investigación”, dijo el Procurador delegado.
Además, aclaró que “hasta el momento no se ha vinculado a ninguna persona o funcionario público a la investigación”.
