La decisión deja sin efecto la resolución expedida hace más de una década por el Consejo Nacional de Estupefacientes, durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, esto no significa que las fumigaciones puedan comenzar de inmediato.
Para reactivar el programa, el Gobierno deberá cumplir las condiciones establecidas por la Corte Constitucional, entre ellas contar con un Plan de Manejo Ambiental vigente, expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Además, será necesario adelantar procesos de consulta previa con las comunidades étnicas ubicadas en las zonas donde eventualmente se realicen las operaciones, de acuerdo con la legislación nacional y el Convenio 169 de la OIT.
De esta manera, el Ejecutivo vuelve a incluir la aspersión aérea con glifosato entre las herramientas que podrían utilizarse contra los cultivos de coca, aunque su implementación todavía depende del cumplimiento de los requisitos técnicos, ambientales y sociales establecidos por la Corte.
