A poco más de tres kilómetros al sur del perímetro urbano de Guadalajara de Buga, al lado derecho y sobre la vía panamericana que conduce al sur de nuestro país se encuentra el corregimiento El Vínculo, espacio administrativo escogido por la empresa del ingeniero Oscar Isaza para construir una regasificadora que supliera las necesidades de gas de esta región del país, debido, principalmente, a la nefasta política de hidrocarburos y de gas en los cuatro años del gobierno Petro, que hizo de Colombia importador neto de gas, cuando antes éramos autosuficientes.
La regasificadora rompe de tajo con el apacible paisaje de cultivos de caña de azúcar y en un espacio de diez hectáreas la multinacional china CIMC Eric construye su planta que recibirá diariamente un indeterminado número de camiones de carga pesada especialmente acondicionados para transportar isocontenedores, tanques donde viene el gas desde Buenaventura.
El problema con esta regasificadora es que debía entrar en funcionamiento en agosto de 2026 y según informa el periódico El Colombiano ese plazo no se cumplirá y no hay fecha cierta para que la planta inicie su proceso de convertir el gas líquido en gaseoso y llevarlo a la red de gasoducto que lo distribuye.
Además de este incumplimiento, la empresa del ingeniero Isaza enfrenta serias denuncias de corrupción porque ese contrato presenta “retrasos, presuntas irregularidades en su adjudicación y posibles conflictos de interés alrededor del contrato con Ecopetrol.
El caso habría incidido en la salida de Bayron Triana de la Vicepresidencia de la petrolera”, según la misma fuente aquí citada. A lo anterior se debe agregar que la Regasificadora del Pacífico se llevó de paseo a Europa y China a concejales y funcionarios de Karol Martínez, alcalde de Buga, a mi modo de ver, con el único propósito de que este proyecto multimillonario, además de no pagar impuestos, sin estudios conocidos de impacto ambiental y de seguridad, no fuera incomodado en su gestión de la regasificadora, de hecho, los 17 concejales y la alcalde ni siquiera comprometieron al ingeniero Isaza con una obra importante de compensación al servicio de los bugueños, como contraprestación al negocio donde ganarán miles de millones de pesos.
Tampoco esa empresa tuvo un mínimo de sensibilidad social con los damnificados bugueños del reciente terremoto. En casos como el que se comenta es donde se confirma la regla de la politiquería bugueña: buenos para nada.
Solo resta que el gobierno de Abelardo De La Espriella devele la posible corrupción de Petro, Isaza y Ricardo Roa en la adjudicación de este contrato.
