La estrategia, presentada por Iván Sánchez, vocero del equipo de salud, contempla una inversión condicionada y auditada para atender las principales dificultades que atraviesan hospitales, clínicas y pacientes.
Del total anunciado, $4 billones serían destinados a cubrir nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas; $3 billones para garantizar medicamentos y reactivar tratamientos; $2 billones para atender pacientes con enfermedades crónicas y catastróficas, y $1 billón para fortalecer entidades como el Invima.
El Gobierno también anunció una mesa nacional de concertación para revisar y clasificar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026, con participación de EPS, IPS, autoridades, pacientes, trabajadores y otros actores del sistema.
Otro de los puntos centrales será la revisión de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con el objetivo de determinar si requiere ajustes de acuerdo con factores como el envejecimiento de la población, las enfermedades, la ruralidad y los costos reales de atención.
La futura ministra de Salud, Ana María Vesga, tendrá a su cargo liderar la implementación de estas medidas, que buscan estabilizar las finanzas del sector, garantizar la atención de los pacientes y recuperar la confianza en el sistema.
