La demanda fue presentada por David Fernando Cano Mazuera, quien sostiene que el cambio de sede podría afectar derechos e intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad, la prevención de riesgos y la legalidad del gasto público.
Mediante un auto fechado el 3 de agosto de 2026, el magistrado Luis Manuel Lasso, de la Sección Primera del Tribunal, admitió la acción y ordenó vincular a las entidades accionadas. No obstante, aclaró que la decisión sobre la solicitud de suspensión provisional del evento será tomada posteriormente, una vez se analice la información requerida.
La acción judicial está dirigida contra el Congreso de la República, el Senado, la Cámara de Representantes y sus mesas directivas, además de las autoridades involucradas en la organización del acto protocolario.
Como parte del proceso, el Tribunal solicitó a las entidades entregar los documentos que sustentaron la decisión de trasladar la posesión presidencial desde Bogotá a Cali. Entre ellos figuran las actas de las sesiones, las certificaciones de votación, los conceptos jurídicos que respaldan el cambio de sede, así como los estudios logísticos, de seguridad, movilidad, gestión del riesgo y el soporte presupuestal del evento.
La demanda también pide que se informe sobre la fuente de financiación de la ceremonia, los certificados de disponibilidad presupuestal, los contratos suscritos y los costos adicionales que implica realizar la posesión en la capital del Valle del Cauca.
Mientras el Tribunal estudia la solicitud de medida cautelar, la ceremonia de posesión continúa programada para el próximo 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, donde se espera la asistencia de delegaciones internacionales, jefes de Estado y altos representantes diplomáticos.
