La medida fue ordenada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá y recae sobre un centro comercial, dos discotecas y un hotel, ubicados en Girardot (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima). Los inmuebles fueron ocupados por funcionarios de la Fiscalía y del CTI y, en los próximos días, pasarán a la administración del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Según el ente investigador, las pesquisas apuntan a que Diego José Martínez Goyeneche, alias «Daniel», exjefe del Bloque Tolima de las AUC, habría utilizado terceros para ocultar el origen ilícito de recursos provenientes de esa organización armada e invertirlos en bienes inmuebles, evitando que estos fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto.
Para sustentar la solicitud de las medidas cautelares, la Fiscalía realizó inspecciones judiciales, análisis financieros, estudios registrales, testimonios y peritajes contables, con los que reconstruyó la trazabilidad de los bienes e identificó que, presuntamente, harían parte del patrimonio relacionado con dicha estructura ilegal.
Las autoridades aclararon que la ocupación de estos bienes no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad de Charlie Zaa, sino una medida cautelar dentro del proceso que adelanta la justicia. Será el desarrollo de la investigación y las decisiones judiciales las que determinen el origen de los activos y su situación jurídica.
Mientras avanza el proceso, los inmuebles permanecerán bajo administración del Estado con el fin de garantizar, de ser procedente, su destinación a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
