El ente acusador le atribuirá los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, y además solicitará una medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras avanza el proceso.
La investigación señala que, durante ese periodo, se habrían favorecido de manera irregular varios contratos públicos y desviado recursos mediante el presunto cobro de comisiones por favorecimientos. Según la Fiscalía, el material probatorio incluye conversaciones, documentos y testimonios que vincularían a Miguel Quintero con decisiones relacionadas con la contratación de la entidad.
Entre las evidencias figura un chat conocido durante una audiencia judicial en el que se menciona que algunos contratos serían negociados con Miguel Quintero y otros funcionarios. También se incorporó una conversación de febrero de 2020 en la que Quintero consulta sobre el ingreso de una persona al Área Metropolitana.
En la misma diligencia judicial también serán imputados el exsubdirector administrativo y financiero del AMVA, Álvaro Alonso Villada; la excontratista Vanesa Álvarez Restrepo, y Sebastián de Jesús Ortega Durán.
El caso involucra contratos que superan los 17.656 millones de pesos, relacionados, entre otros, con la entrega de kits de bioseguridad durante la pandemia del Covid-19. La Fiscalía investiga si estos procesos fueron direccionados para beneficiar indebidamente a particulares.
La investigación se ha fortalecido con la colaboración de varios procesados que decidieron aportar información a la justicia. Este expediente hace parte de las diferentes indagaciones que adelanta la Fiscalía sobre actuaciones ocurridas durante la administración de Daniel Quintero en Medellín, quien ha rechazado las acusaciones y asegura que los procesos en su contra tienen motivaciones políticas.
