No es lo ideal, pero ante la actuación fraudulenta de la mesa directiva del Senado, encabezada por el autodenominado “jefe de la banda” Efraín Cepeda, que violentó de manera abrupta y manifiesta parámetros constitucionales con tal de hundir la consulta popular propuesta por el gobierno nacional, la única salida es expedirla por Decreto.
Como se sabe, el día de la montonera en que se convirtió la sesión parlamentaria que desaprobó la consulta se cerró abruptamente la votación sin que se debatiera el texto de la misma, se impidió que algunos congresistas de la bancada de gobierno como Martha Peralta votaran, se desatendió la impugnación contra la votación, y como si fuera poco, ante un empate se cambió el sentido del voto de positivo a negativo del senador Edgar Díaz.
En este escenario y de acuerdo a la ley es evidente que no existió pronunciamiento, lo que habilita al presidente a citarla por decreto.
No faltaría más que ante tal atropello de los mismos parlamentarios, que llevan años enquistados en el Congreso haciendo de las suyas, el jefe de gobierno no pudiera hacer nada. El cinismo es tal que esos mismos hablan de dictadura con la misma bulla que hicieron para decir que nos convertiríamos en Venezuela, aquellos que callaron con la compra de la reelección de Uribe que luego utilizó también Santos, o el asesinato de manifestantes durante Duque.
Curioso concepto tienen de “Golpe de Estado” cuando lo que se hace es convocar al pueblo, el constituyente primario, para que se pronuncie sobre sus derechos haciendo valer aquel postulado de Rousseau de soberanía popular enarbolado en la revolución francesa. Sobra decir que el decreto podrá ser demandado y si es tumbado el gobierno acatará la decisión, y no por ello mandará a “chuzar” a los magistrados como también pasaba antes.
