Es sorprendente el avance de los grupos delincuenciales organizados que amenazan, extorsionan, asaltan y asesinan a campesinos y todos aquellos que no se pliegan a sus órdenes criminales, mientras que las autoridades permanecen impávidas y fracasan en su accionar para detener las bandas que acorralan el municipio de Tuluá.
Esta semana, incendiaron tres vehículos de servicio público, que, aunque no dejaron víctimas fatales, sí ocasionaron momentos de zozobra y obligó a las autoridades a decretar el toque de queda con el fin de detener la oleada de violencia terrorífica, que sumerge en el temor y el miedo a la inmensa mayoría de la población, deteniendo el curso normal de trabajo de la gente, especialmente de los comerciantes.
Ya se teme que, de nuevo, se suspenda la próxima Feria Exposición de Tuluá, por la incertidumbre que suscita el fenómeno de la violencia que, obviamente, traerá consecuencias desastrosas para la economía de la región y para las miles de personas que esperan los días feriales para ganarse el sustento de casi todo el año, que es lo que hacen precisamente los vendedores informales, cuando esperan con ansiedad la realización del evento ferial para ganarse el “pan para todo el año”.
Tuluá necesita el apoyo nacional de las autoridades civiles, militares, del alto gobierno y de los líderes gremiales, con el fin de buscar una salida digna del túnel en donde se encuentra, porque los hechos demuestran una vez más, que la política de la paz total ha fracasado y no se entiende de ninguna manera qué clase de negociaciones pueden hacerse con los grupos delincuenciales, sino el de la entrega sin condiciones.
Se entiende y acepta, que el gobierno central busque la paz con los alzados en armas de tipo ideológico, que desean la justicia y hasta las “delicias” del ´poder, en donde existen todavía utopías ya olvidadas por la política de los últimos tiempos, pero de ahí a reconciliarse con las bandas criminales hay mucho trecho y es explicable, pero no justificable, cuando se comprueba una y otra vez, que el eje central de la criminalidad, es el narcotráfico, que ha permeado casi todo el engranaje de la economía y tiene su base sustentable en el cultivo de la coca y la marihuana en los campos del territorio, en donde el sector oficial no ha llegado por muchísimos años.
Es indignante que en las cercanías del municipio de Jamundí los grupos criminales adelanten dizque fiestas populares para celebrar sus propias fechorías, mientras las autoridades ni se dan por enteradas. Entonces ¿en qué país vivimos? No puede aceptarse tanta pasividad oficial, ni la falsa y utópica búsqueda de la paz total.
Tuluá que ha sido un municipio ejemplo de trabajo, esfuerzo, vitalidad, amor por su Patria, se encuentra en un “callejón sin salida” y urge la presencia permanente de las autoridades centrales para que apoyen a la gobernación y alcalde en sus esfuerzos por recuperar la tranquilidad perdida, se devuelva la confianza a sus comerciantes, se proteja a los cientos de campesinos de la alta y media montaña que trabajan muy duro para producir los alimentos que se consumen en el sector urbano.
Han regresado los grupos criminales a las montañas de los corregimientos y veredas del municipio y una banda delincuencial siembra el terror en las calles y avenidas. Tuluá no merece tanta ignominia, es necesario no solo tomar medidas, sino concretar hechos de paz.
