Es el escándalo de corrupción más grave de los últimos años que compromete al gobierno actual y obliga al Presidente de la República a no solo ofrecer disculpas, sino a comprometerse a colaborar con las autoridades judiciales para que se concluya en una investigación a fondo y se castigue con todo el rigor de la ley a los responsables.
Nadie en el país lo podría ni siquiera imaginar, que el gobierno del cambio, la transparencia, a través de sus colaboradores más cercanos, hubiera podido desviar una suma billonaria para comprar la aprobación de sus proyectos en el Congreso de la República, ejecutando el más bajo y ruin método de manipulación de los mismos representantes del pueblo.
Con la evidencia de este monumental escándalo en la Unidad Nacional de Riesgo y de Desastres, crece como una bola de nieve la desconfianza y el desconcierto de los colombianos, porque el mandatario principal, ha basado su gobernanza en una excelente oratoria que nadie desconoce, pero se ha quedado en eso, meras palabras, discursos grandielo cuentes, en arrojar “piedras” en cada una de sus propuestas, para que el país se incendie, mientras permanece impávido, ante los graves problemas de inseguridad, desempleo, escasez de vivienda para las personas más vulnerables, entre otros temas que inquietan y rodean a todos los municipios del país, tal como sucede actualmente en Tuluá, nuestro querido terruño, donde la violencia no cesa, crece la extorsión y la presencia de grupos armados en la zona alta de la montaña, siembra la zozobra, el temor y el miedo.
No es posible que los grupos subversivos hayan alcanzado tamaña fuerza en su actuar a lo ancho y largo del territorio nacional, tal como se aprecia en zonas como el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, departamentos del Guaviare y Vichada, en donde claramente se nota el poder de su presencia, dando órdenes en reuniones de la población y obligando a los habitantes a darles cantidades de dinero.
Y escuchando una entrevista realizada al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aceptamos por supuesto, que la Fiscalía General y la Justicia serán quienes dirán la última palabra en este espinoso asunto, que tiene como iniciadores y propulsores a los dos directivos de la Unidad de Riesgos y Desastres.
De las respuestas del Ministro se desprende el entramado de la cantidad de trámites que deben hacerse para la aprobación de un proyecto que mueve recursos públicos y con argumentos válidos sostiene que los dos altos funcionarios por estar buscando beneficios judiciales le echan el agua sucia al gobierno y al mismo tiempo reitera que “ no es ningún jefe de una empresa criminal y no ha hecho nada ilegal”.
De todas maneras, si el Presidente no se percató de lo que se hacía a sus espaldas, es como se dijo con el gobierno del expresidenrte Ernesto Samper “significa que se le entraron varios elefantes por el patio de su casa y no vio nada”.
La investigación apenas se inicia, y es justo esperar que termine, para que la justicia penalice a los verdaderos responsables, mientras el país mira con incertidumbre el futuro próximo del actual gobierno, pues el enfrentamiento con el Congreso no cesa a pesar de los esfuerzos del recién nombrado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Solamente se vislumbran nubes muy opacas y la claridad aún no llega a los confines de los pueblos.
