Según el Gobierno, fueron identificados 1.069.196 usuarios que requieren atención. La primera fase tendrá cobertura nacional y priorizará a pacientes con condiciones que impliquen riesgo vital o pérdida irreversible de la respuesta terapéutica, entre ellos personas con cáncer, trasplantes, enfermedades huérfanas, VIH, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal, además de gestantes con tratamientos esenciales.
El plan contempla el seguimiento de más de 700.000 usuarios con medicamentos pendientes y más de 300.000 pacientes con procedimientos aplazados, desde la identificación del caso hasta comprobar que la atención fue efectivamente realizada. Las EPS deberán identificar y gestionar estos pendientes entre septiembre y diciembre de 2026.
El anuncio se produce después de que la Superintendencia Nacional de Salud registrara 1.220.142 reclamos entre enero y julio de este año, de los cuales, según las cifras presentadas por el Gobierno, el 92 % estuvo relacionado con barreras de acceso a servicios y tecnologías en salud.
Como respaldo financiero, el Gobierno anunció un mecanismo extraordinario de compra de cartera a las EPS con 0 % de interés y un año de periodo de gracia. La medida será vigilada por una mesa técnica integrada por el Ministerio de Salud, la Supersalud y la Adres.
El Gobierno aclaró que se trata de un mecanismo extraordinario y temporal y que las EPS mantienen la responsabilidad permanente de garantizar la atención de sus afiliados.
