El mandatario aseguró que su administración respeta la independencia de la justicia, pero advirtió que también utilizará los mecanismos legales disponibles para defender las competencias que la Constitución le asigna como jefe de Estado.
“Respetamos las decisiones judiciales, pero vamos a controvertirlas y vamos a defender las facultades constitucionales del Presidente de la República”, afirmó.
El pronunciamiento surgió al referirse a fallos relacionados con operaciones de la Fuerza Pública contra organizaciones armadas ilegales, particularmente aquellos que podrían restringir determinadas acciones militares cuando dentro de estos grupos se encuentran menores de edad.
De La Espriella reconoció que los niños reclutados por estructuras armadas son víctimas, pero sostuvo que esta condición no puede convertirse en una barrera para combatir a las organizaciones responsables de su utilización.
“Los niños son víctimas, pero eso no puede darles inmunidad operacional a los criminales”, señaló.
El presidente insistió en que entre sus responsabilidades constitucionales están la conducción de la Fuerza Pública y la preservación del orden público. Por esta razón, anunció que su Gobierno acudirá a las herramientas jurídicas correspondientes cuando considere que una decisión judicial afecta esas competencias.
El anuncio abre un nuevo debate sobre los límites entre las decisiones de los jueces y las facultades del Ejecutivo en materia de seguridad, especialmente frente a las operaciones militares contra grupos armados ilegales.
