Desde que el gobierno propuso una reforma radical al sistema de salud, hemos sido testigos de la profundización de la crisis en el sector. En un principio, la propuesta fue la eliminación de las EPS, debido a la penetración de la corrupción en estas instituciones, que arrastran deudas incalculables con las IPS y hospitales, dejando a estos últimos al borde del colapso.
La situación se volvió insostenible, por ello la necesidad de un cambio de fondo: pasar el manejo de la salud al sistema público, ya que la gestión privada había llegado a un punto de no retorno, mientras miles de colombianos, especialmente en zonas rurales, carecían de acceso a servicios básicos de salud. Y aquí comenzó la tormenta. Tres ministros han pasado por la gestión de la reforma, pero ninguno ha logrado un acuerdo definitivo para su aprobación en el Congreso.
Los debates han sido intensos, con fuertes confrontaciones entre las bancadas a favor y en contra del proyecto. Mientras tanto, el gobierno ha intervenido a varias EPS, en un intento por salvarlas de la catástrofe inminente. A diario, los usuarios se ven cada vez más confundidos, mientras se destapan los oscuros laberintos de corrupción en los que se pierden los recursos de la salud: transacciones fraudulentas, comisiones ilegales y alteración de facturación, entre otros.
La consecuencia es clara: las manifestaciones de protesta en los hospitales aumentan día a día, la escasez de medicamentos es una constante, se aplazan cirugías y los usuarios, cada vez más desorientados, siguen esperando la aprobación de una reforma que no llega.
No cabe duda de que detrás de todo este caos se esconde el negocio de la salud, que se ha ido consolidando con el tiempo, especialmente tras la implementación de la Ley 100, que, con la mejor intención, buscó ofrecer cobertura universal de calidad. Sin embargo, los intereses privados han entorpecido la consecución de esa meta.
Aún se desconoce el destino de los recursos que deben las EPS desaparecidas, como Cafesalud, Coopsalud, Sanitas, Emssanar, Famisanar, Savia Salud, entre otras, mientras el gobierno lucha por la aprobación de su proyecto en el Congreso. Sin embargo, la reciente designación de un intermediario como ministro del Interior ha generado desconfianza entre muchos congresistas, especialmente por sus recientes declaraciones y su vínculo con la campaña presidencial.
Tememos que al final de este mandato no haya claridad sobre la reforma propuesta, ya que los textos del proyecto han sido modificados repetidamente, especialmente para dar cabida a los cambios impulsados por quienes se oponen. Con la cercanía de la campaña presidencial, es incierto el futuro de la reforma, ya que los congresistas, más interesados en respaldar a sus propios candidatos, parecen cada vez más apáticos y distantes del tema.
Lo que es indiscutible es que la corrupción ha paralizado al sistema de salud, y la reforma sigue siendo una necesidad urgente. Sin embargo, parece que nadie se atreve a “ponerle el cascabel al gato”, mientras los usuarios permanecen a las puertas de los centros de salud, esperando una cita, una cirugía o un medicamento.
