Tuluá ya ha sido despojada de muchos servicios que se habían obtenido con dineros de la sociedad tulueña, me refiero a entidades como Comfamiliar, Teletuluá, la oficina del Instituto Agustín Codazzi, las oficinas del DANE, para citar algunas, y mucho me temo que al día de hoy está muy cerca de perder uno de sus espacios privilegiados como es el Parque Sarmiento Lora.
Como recordarán, durante la pandemia el parque fue cerrado hasta el año pasado, con la excusa de que se estaban mejorando sus servicios, entre ellos la ampliación del área de piscinas para los niños.
En ese mismo lapso de tiempo la administración del establecimiento pasó a manos de las oficinas de la Fundación Sarmiento Palau en Cali, desconociendo la importante labor que cumplía Elizabeth Potes en dicho cargo, desde la inauguración del centro recreacional.
Lo cierto es que, a la fecha, las piscinas para los niños continúan cerradas y los trabajos de adecuación de las mismas se encuentran suspendidos sin que nadie de razón de cuándo serán entregados.
Para completar, la administración caleña subió la entrada a quince mil pesos por persona y no se permite que los visitantes entren con comestibles, ni bebidas, así sea una botella de agua.
Y el restaurante, donde se ofrece la mejor sazón de Tuluá ya canceló, por orden superior, los almuerzos diarios dejando únicamente lo que muestra la carta, lo que incrementa los precios del condumio notablemente.
Por lo anterior pareciera que lo que se busca es desestimular totalmente las visitas al espacio recreacional, con el objeto de declarar que el mismo es inviable económicamente, para poner en entredicho las obligaciones que la Fundación Sarmiento Palau se comprometió a cumplir en el contrato de comodato con el municipio de Tuluá, propietario de los terrenos, y principalmente el de administrar un centro de recreación para la comunidad tulueña durante 25 años.
