Lo investigan porque presuntamente infringió la norma al comprar los mercados para ser distribuidos como parte de la atención de la emergencia generada por la pandemia.
Ante ese despacho el alcalde Ospina Loaiza no aceptó los cargos y tras evaluarse la información por parte del ente investigador, se legalizó la imputación de los cargos, pero tanto la Judicatura como el Fiscal Daniel Giraldo Rendón, se abstuvieron en dictar medida privativa de la libertad.
La decisión que fue avalada y acogida por la defensa del mandatario y el Ministerio Público.
«Con la conciencia tranquila que siempre me acompaña, seguiré al frente de los destinos del municipio y estoy confiado en que saldré avante del proceso legal al que sigue vinculado.
Cabe recordar que por este mismo proceso son investigados el concejal de Tuluá Carlos Arturo Londoño y un funcionario de la alcaldía de San Pedro, quienes fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliario.
