No es coincidencia que las más grandes organizaciones indígenas, la Organización Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Regional Indígena del Cauca, (CRI) hayan viajado a Bogotá para celebrar el Primero de Mayo, Día del Trabajo, y al mismo tiempo brindar el irrestricto apoyo a la consulta popular emanada del Ejecutivo y presentada al Congreso para su discusión, aprobación o negación.
A través de los últimos 50 años cada gobierno de turno ha suministrado la ayuda a estas organizaciones que lentamente se han convertido en un factor de poder político y económico, gracias a sus luchas permanentes para ser reconocidos como poblaciones de derechos y beneficiarios de justicia social, que también han sido diezmados por el conflicto armado que sacude el país desde hace ya 60 años, aproximadamente.
Lo impactante de la situación en la actualidad, es que el tratamiento dado por derecho constitucional a esta población, se haya convertido en un rampante negocio político que es evidente cuando en un informe reciente de la Unidad de Datos de El Tiempo, establece que desde el inicio del presente gobierno, han contratado la no despreciable suma de 350 mil millones de pesos, ambas organizaciones indígenas y vaya a saber en qué se invierten, porque de lo que sí se aprecia es el adelanto de protestar a cada momento, presuntamente, por el incumplimiento oficial a sus promesas y compromisos.
Estas comunidades se han vuelto “intocables” bajo el prurito de que desde antes de la conquista española, ocupaban estos territorios, y fueron despojados a sangre y fuego.
Con todo y eso, no puede explicarse tanto “contubernio”, especialmente con el actual gobierno, cuando se gastan un montonón de dinero para trasladarse a la capital de la república, pagar alimentación y sostenimiento durante su estadía, que no se justifica, al observarse la forma abrupta como penetran en las instalaciones de la Universidad Nacional, como “Pedro por su casa”, dejando una huella de desorden, suciedad y vandalismo, como resultado final de los enfrentamientos estudiantiles y las consabidas alteraciones del transporte público que afectan a la población trabajadora y más vulnerable.
Desde que, en este gobierno, se elevaron a la categoría de organizaciones con facultades ambientales, se presenta una terrible confusión entre las Corporaciones Autónomas Regionales, como legítimas autoridades ambientales y una nueva legislación confusa, imprecisa, sin objetivos claros, otorgada a estas comunidades.
Vemos igualmente, con máxima satisfacción, el mejoramiento creciente de la población en sus tierras, en el acceso a la educación, en la formación comunitaria, pero de ahí a ponerse al servicio irreductible del sector oficial en pago del apoyo en recursos y gabelas, es algo indudablemente sospechoso y detestable, porque se está aportando con los impuestos que pagamos todos los colombianos y no se pagan para que se desgasten en movilizaciones, bloqueos de carreteras y destrucción de los bienes públicos.
Respetamos la idiosincrasia de las comunidades indígenas, así lo han entendido distintos gobierno anteriores y la sociedad en general, y lo que se espera es una respuesta favorable luego de alcanzar sus reivindicaciones justas, que significa trabajar por su desarrollo social y económico en paz y también respetando la convivencia pacífica de toda la gente en el ámbito nacional.
